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Categoría: Publicaciones
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Publicado el Jueves, 02 Diciembre 2021 11:59
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AUTORAS:
Julieta Rey, Área de Prevención del Delito y las Violencias ILSED, reyjulieta.7gmail.com
Lucía Camardon, Área de Prevención del Delito y las Violencias ILSED, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Anandí Queipo, Área de Prevención del Delito y las Violencias ILSED, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Resumen
Este trabajo se propone analizar la dinámica de las violencias a nivel local en el marco de la pandemia por Covid-19, así como su abordaje por parte de las áreas locales de seguridad y por parte de las fuerzas de seguridad, en municipios del Conurbano Bonaerense en las distintas etapas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Queipo et al., 2020) dispuesto por el gobierno nacional. A partir de una mayor territorialización de los conflictos y las violencias, específicamente en el nivel local-barrial, se observó un aumento en las violencias por razones de género e intrafamiliar, así como de conflictos interpersonales, contribuyendo a reproducir las tramas de vulnerabilidad social expresadas territorialmente. El estudio se nutrió de fuentes primarias y secundarias.
Palabras clave: Violencias - territorio - gobierno local - seguridad ciudadana
Violence in the pandemic in the ‘Conurbano Bonaerense’
Abstract
This paper aims to analyze the dynamics of violence at the local level in the context of the coronavirus pandemic, as well as how it is being approached by local security agencies and security forces, in cities of the ‘Conurbano Bonaerense’ (metropolitan area of Buenos Aires, in the Buenos Aires Province) in the several stages of the Social, Preventive and Mandatory Isolation (ASPO, according to its Spanish acronym) decreed by the National Government (Queipo et al., 2020). On the basis of a greater territorialization of conflict and violence, especially at the local/neighbourhood level, it is possible to observe a surge in gender and domestic violence as well as in interpersonal conflict, which contributed to reproduce social vulnerability in the territory. Primary and secondary sources were analyzed to accomplish this.
Key words: Violence - territory - local government - citizen security
Introducción
Entre los principales efectos de la pandemia se encuentra sin dudas la cristalización de las desigualdades estructurales que afectan las condiciones de vida de la población, sobre todo en los contextos urbanos y en regiones de alta desigualdad como América Latina (UN, 2020; Di Virgilio, 2021; Ortiz y Boano, 2020). En Argentina, el gobierno nacional dispuso en marzo del 2020 el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Decreto 297/2020; en adelante ASPO) como medida para prevenir la circulación del virus y mitigar los efectos de la pandemia. A la vez, la situación de emergencia sanitaria demandó la implementación de medidas de restricción de la circulación, impactando considerablemente en el acceso a servicios básicos y agudizando las dinámicas de violencias sobre todo en sectores particularmente vulnerables de la población, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle o en contextos de encierro (UN, 2020). Esta situación expuso a todos los niveles de gobierno al desafío inédito de coordinar la imposición de medidas de control y restricción, con la vigencia de los derechos humanos y garantías fundamentales.
Diversos relevamientos llevados a cabo por investigadores, organizaciones sociales y organismos de gobierno dieron cuenta de las dificultades de gran parte de la población para cumplir con medidas de prevención y cuidado dispuestas, como “quedarse en casa”, lavarse las manos frecuentemente o mantener el distanciamiento social (HIC, 2020). En efecto, entre las principales dificultades relevadas para el cumplimiento de estas medidas en los barrios populares del Conurbano Bonaerense, se encontraron la discontinuidad de ingresos laborales de los hogares, la dificultad de acceso a la alimentación básica, la violencia de género al interior de los hogares, y las restricciones en el acceso a los servicios de salud (Maceira et al., 2020). Asimismo, la demanda de “seguridad pública” se encontró tercera entre las principales problemáticas relevadas en los “reclamos socioterritoriales” que tuvieron lugar en barrios populares del Conurbano Bonaerense en el contexto de pandemia (Maceira et al., 2021).
El presente artículo se propone analizar la dinámica de las violencias -específicamente, las violencias por razones de género, conflictos interpersonales y violencia institucional- en su dimensión territorial en el marco de la pandemia, así como su abordaje por parte de las áreas locales de seguridad en municipios seleccionados del Conurbano Bonaerense. De esta manera, se busca rastrear los impactos de las medidas de restricción en la seguridad ciudadana, considerada de manera integral. Asimismo, se hace mención al rol central que los gobiernos locales asumieron en la implementación de las medidas de prevención del Covid-19, así como en la atención a la demandas de asistencia directa y de articulación de medidas entre diferentes agencias del Estado y distintos niveles de gobierno.
Para esto, en primer lugar, se da cuenta del impacto de las medidas de aislamiento en las dinámicas delictivas y las violencias, dando cuenta de su comportamiento a lo largo de las distintas fases de restricciones (las dos etapas del ASPO y el DISPO), haciendo énfasis en las violencias por razones de género e intrafamiliar, en tanto emergentes contundentes del trabajo de campo, a través de la reseña de los principales resultados de la investigación que ha dado origen al presente trabajo.
En segunda instancia se aborda el rol de las áreas locales de seguridad y las fuerzas de seguridad en las intervenciones preventivas y de control durante la pandemia, analizando la tendencia que mostraron los gobiernos locales del conurbano a policializar las intervenciones. Se dará cuenta asimismo de gestiones que han ensayado intervenciones en este sentido “contrahegemónicas” para el abordaje de la emergencia sanitaria.
En la tercera sección se problematiza la dimensión territorial del aislamiento y del control, poniendo el foco en las desigualdades que la pandemia puso sobre relieve en materia de control territorial y de gestión local. Se analiza en este apartado cómo el abordaje de las políticas públicas y de las medidas de prevención requirió poner en práctica estrategias en muchas ocasiones condicionadas por las condiciones del territorio.
Por último, se presentan algunas reflexiones finales llamando la atención sobre la importancia de considerar la prevención de las violencias de manera integral a nivel local, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida y de aumento de las desigualdades y la fragmentación social como consecuencia de la pandemia.
El impacto de las medidas de aislamiento en los delitos y las violencias
Este apartado condensa los principales resultados del análisis sobre el impacto de las medidas de aislamiento en los delitos y violencias en los municipios del Conurbano Bonaerense, en el marco del Eje Seguridad del proyecto “Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano desde una perspectiva multidimensional y multiescalar de los efectos sanitarios y socioterritoriales de la pandemia por COVID19 y las medidas de ASPO en Argentina”. En esta sección se integrarán las principales conclusiones y líneas de trabajo desarrolladas en los cuatro informes presentados y publicados (Baudino et al., 2020; Queipo et al., 2020; Queipo et al. 2021a; Camardon et al., 2021a; y Camardon et al., 2021b) en el contexto de esa investigación.
En líneas generales, a lo largo del estudio se constató que ante la situación excepcional que supuso la restricción a la circulación se registró una notable caída en los “delitos callejeros”, principalmente en los delitos contra la propiedad (robos y hurtos) y contra las personas (principalmente lesiones u homicidios). A medida que nuevas actividades fueron habilitadas y se flexibilizaron los controles, estos valores comenzaron a aumentar aunque sin recuperar los valores previos al contexto de pandemia, al menos en función de las fuentes relevadas. Mientras tanto, violencias vinculadas a cuestiones estructurales -como las violencias por razones de género y la violencia institucional- se vieron seriamente agudizadas. En este sentido, los datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dan cuenta de la caída de los denominados “delitos prevenibles”, en especial durante la primera etapa del ASPO, frente a un comportamiento proporcionalmente opuesto de lo que se categoriza como “otros tipos de hechos” -principalmente violencias y conflictividades interpersonales (cuya conceptualización como “no prevenibles” amerita ser problematizada)-, evidenciando un proceso de desplazamiento en los delitos y las violencias, y manteniendo constante el nivel general y agregado de hechos durante todo el período analizado en el informe. Así, la progresiva liberación de la circulación habría traído aparejado un aumento en los delitos denunciados en todos los departamentos judiciales, con una tendencia mayor en los departamentos del Conurbano frente a los que se agrupan en la categoría ‘Interior de la provincia’. En efecto, en el mes de mayo 2020 se reportaron un 37,1% de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas más que en abril, lo cual podría vincularse a la mayor cantidad de actividades habilitadas y la distensión en los controles. Por otro lado, al analizar la información por departamento judicial, se encuentra que los departamentos de Lomas de Zamora y San Martín registran mayor cantidad de IPP iniciadas tanto en 2019 como en 2020, en términos absolutos. Se destaca en la comparación el descenso de IPP iniciadas en el departamento judicial de San Isidro, que alcanza el 42,9%.
Respecto a las IPP iniciadas según tipo de delito, se da cuenta de una reducción relevante a excepción de los homicidios (-3.6%). Mientras que los homicidios en ocasión de robo y los homicidios culposos (mayormente asociados a siniestros viales) cayeron cerca de un 20%, los otros tipos de homicidios se mantuvieron relativamente constantes, dando cuenta de que la conflictividad y la violencia letal persiste a pesar de las restricciones de circulación. En la información disponible, se observan las fluctuaciones más relevantes en la diferencia entre robos (-15,8%) y hurtos (-24,6%), atribuible en parte a la reducción de circulación en los lugares con mayor circulación, como zonas comerciales.
Al analizar los datos del Conurbano en particular, se observan diferencias importantes entre departamentos judiciales: los robos (y robos agravados) aumentaron en Quilmes y Moreno-General Rodríguez, y se redujeron levemente en La Matanza, mientras en el resto de los departamentos exhiben una reducción de más de un 25% respecto al año 2019. Esta tendencia se repite en hurtos, aunque en distinto grado. Desde el abordaje cualitativo, tanto las fuentes entrevistadas como los relevamientos de medios dieron cuenta de la preeminencia de hurtos, asaltos y robos a mano armada como los problemas con más impacto en la vida cotidiana en las distintas zonas. En todos los casos, los/as funcionarios/as entrevistados/as coincidieron en que a la disminución de este tipo de delitos en los primeros meses del ASPO, le siguió un aumento importante en los meses de julio y agosto, que luego se estabilizó por debajo de valores de años anteriores.
Por otra parte, en relación al desplazamiento mencionado, el aumento de las violencias y conflictividades interpersonales y asociadas al delito puede verse en los datos que aportan las fuentes secundarias y ha sido destacado por las fuentes entrevistadas. En este sentido, algunos/as entrevistados/as atribuyeron cierta incidencia al contexto de aislamiento en la dinámica de violencias interpersonales e intrafamiliar, así como algunos/as destacaron la incidencia de la cuestión habitacional. Por su parte, el relevamiento realizado por Maceira et al. (2020) arrojó que
(...) siete de cada diez referentes territoriales entrevistados/as en el mes de julio en el marco de este proyecto reconocieron situaciones de violencia de género en sus territorios y muchos/as establecen una correlación entre la degradación de las condiciones materiales de vida (pérdida de empleo, falta de ingresos y problemas de hacinamiento) y el incremento de la violencia hacia las mujeres y las infancias (...). (Maceira et al., 2020: 34).
En relación al aumento de las denuncias se cuenta con datos de las denuncias realizadas a la Línea 144 publicados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD). Los datos indican que mientras en marzo del 2020 las comunicaciones por violencias de género se redujeron un 19% respecto del mismo mes de 2019, a partir del ASPO, la variación interanual de la totalidad de las comunicaciones mensuales muestra la tendencia opuesta: en abril de 2020 —durante el ASPO— se recibieron un 23% más de llamados mensuales que en abril de 2019; el aumento interanual en mayo fue del 26%, en junio del 18%, en julio y agosto fue del 24%, en septiembre del 13% y en octubre del 12%. Por otro lado, el 57% de las intervenciones por violencias de género según provincia de residencia de la persona en situación de violencias, se realizaron en la Provincia de Buenos Aires.
En relación a la violencia letal —femicidios, femicidios vinculados y travesticidios—, los datos publicados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dan cuenta de que, a lo largo del año 2020, en la provincia de Buenos Aires hubo 94 víctimas de femicidios directos (92 mujeres cis y dos mujeres trans/travesti), y 12 víctimas de femicidios indirectos. Durante el primer trimestre del ASPO (de abril a junio) se registró la mayor frecuencia de hechos en el año con un total de 27 casos (un 11% más de casos que en el primer trimestre y un 48% más de casos que en el mismo período en 2019).
Es relevante destacar que en un 67% de los casos, los femicidas eran parejas (52) o ex-parejas (14) de las víctimas. En 12 casos, se trató de otro tipo de vínculo familiar y en tan solo ocho casos fueron personas desconocidas por la víctima. Adicionalmente, en el 59% de los casos la víctima y los sujetos activos en el femicidio convivían al momento del hecho, y en el 15% existían denuncias formales radicadas contra los sujetos activos (sin haberse otorgado medidas de protección para ningún caso). Este tipo de indicadores permiten poner de relevancia el impacto de las medidas de aislamiento en el recrudecimiento de la violencia de género en el seno doméstico y/o familiar, y en este sentido resulta relevante que el informe bajo análisis clasifica un 80% de los casos (75) como enmarcados en un contexto de violencia doméstica.
El informe de la Corte también refleja cómo la violencia letal de género afecta directa e indirectamente a niños, niñas y adolescentes: casi un 10% de las víctimas directas de femicidio fueron niñas (5 víctimas de hasta 12 años) y adolescentes (4 víctimas de 13 a 17 años). Los datos también revelan que las 94 víctimas directas de femicidio tenían a cargo al menos a 65 niños, niñas y adolescentes en total.
En cuanto a la distribución territorial, la mayor cantidad de hechos se concentran en municipios del Conurbano: Moreno (9) registra casi un 10% de los casos a nivel provincial, seguido en concentración de hechos por La Plata (5) y La Matanza (5), Florencio Varela (4) y Almirante Brown (4); Merlo (3), Escobar (3), Pilar (3), Lanús (3) y Lomas de Zamora (3); Ezeiza (2), Tigre (2) y Morón (2). Sólo considerando estos municipios (se ha dejado fuera del análisis aquellos municipios del conurbano que solamente han registrado un caso anual) se puede dar cuenta del 51% de los casos provinciales.
Además del análisis cuantitativo que permiten los datos de fuentes secundarias que han sido reseñados hasta aquí, resulta relevante dar cuenta de una cuestión cardinal que surgió del trabajo de campo que se realizó para la investigación marco: el aumento de las violencias interpersonales en general y de la violencia asociada al delito. En este sentido, algunos/as entrevistados/as atribuyeron cierta incidencia al contexto de aislamiento en la dinámica de violencias interpersonales e intrafamiliar:
(...) tenemos mucha violencia social. Peleas en la vía pública, los fines de semana que se ponen a jugar un picadito de fútbol y empiezan a discutir (...) tenemos muchos hechos que se interviene y se hacen sumarios por lesiones, lesiones de riña. (Entrevista José C. Paz, 30/10/2020)
(...) Vemos mucha más violencia (...) sí, hemos visto homicidios que no hemos tenido el año pasado, que no son en ocasión de robo, y son de relaciones entre conocidos, y son hechos mucho más graves y hasta sanguinarios más graves. Hasta peleas idiotas, que un vecino fue y le prendió fueguito para quemar unas ramas, vino el otro enojado, le dijo que lo apague, no lo apagó y le pegó mal. Cosas de violencia, que es lo que te hablaba antes, que la verdad que sin sentido, por la violencia misma, hasta no sabemos si es efecto de la cuarentena, de la locura que nos genera el encierro (...) (Entrevista Malvinas Argentinas, 09/10/2020)
Finalmente, otro emergente del trabajo de campo refiere a la ineficacia de las políticas públicas diseñadas y desplegadas para el abordaje preventivo de las violencias de género e intrafamiliar en particular, y de las violencias interpersonales en general. Según pudo concluirse, al menos preliminarmente, esta ineficacia estaría vinculada a la fragmentación de los dispositivos locales de atención y acompañamiento ante situaciones de violencia de género; a la falta de articulación entre instituciones públicas y organizaciones territoriales; a la falta de capacitación o sensibilización en perspectiva de género de actores públicos para la detección, derivación, acompañamiento de situaciones de violencias; al insuficiente e ineficaz abordaje judicial de las violencias; y a las deficiencias en la capacidad de gestión de programas (Queipo et al., 2021b).
El rol de las fuerzas de seguridad en las intervenciones de prevención y control del Covid-19
Si bien el proceso de descentralización y delegación de funciones en los gobiernos locales es un proceso de larga data en Argentina, el contexto de pandemia y el consecuente esfuerzo que implicó para los municipios -principalmente en áreas metropolitanas- en términos de despliegue territorial, de medidas de asistencia y apoyo a las áreas de salud, sumado a la localización de los conflictos y las demandas al nivel del barrio y del municipio, amerita una mirada de cerca a cómo las áreas de seguridad respondieron a la crisis sanitaria.
Es frecuente observar en las intervenciones en materia de seguridad ciudadana a nivel local un claro predominio de las gestiones centradas en las agencias policiales, es decir, una tendencia a la policialización de la agenda de seguridad, incluso en aquellas gestiones que podrían considerarse de corte más “progresista”, y pese al fenómeno de pluralización de actores y de la introducción -tras el retorno a la democracia- de políticas y estrategias extra penales de prevención. Siguiendo a Marcelo Sain (2008), este proceso habitualmente se dio en el marco del desgobierno de los asuntos de seguridad pública y la delegación -por parte de las autoridades gubernamentales- del monopolio de la dirección y administración de los asuntos de seguridad pública a las agencias policiales.
Si bien podríamos dar cuenta de procesos recientes de mayor involucramiento de las burocracias civiles en el campo de la seguridad, dichos procesos no estuvieron habitualmente asociados a una despolicialización de la agenda mediante el despliegue de otro tipo de intervenciones en forma inter y multidisciplinaria para abordar las problemáticas de seguridad de manera integral, en consonancia con su multicausalidad. En el contexto de pandemia esta cuestión cobró relevancia(Queipo et al, 2020), con lo cual la desmonopolización de los interlocutores no involucró -al menos en los casos analizados- una despolicialización de las estrategias de abordaje.
Aún cuando es posible dar cuenta de excepciones a esta tendencia hegemónica, relevando en algunos casos la existencia de iniciativas de prevención extra-penal basadas en el abordaje conjunto y la articulación con otras agencias del Estado, la pandemia -al menos en su primera etapa de mayores restricciones- en general contribuyó a reforzar y extender el enfoque policialista y punitivista no sólo sobre el campo del abordaje de la criminalidad y las violencias interpersonales, sino también en el abordaje de las violencias por razones de género y en las cuestiones asociadas a los controles y prevención de los contagios en el marco de la pandemia.
Las tareas de la prevención de contagios y de control del cumplimiento del ASPO, desde sus inicios, se atribuyeron preponderantemente a las fuerzas de seguridad casi sin excepción, lo cual implicó una policialización y judicialización de los conflictos, propiciado no sólo por las decisiones de gobierno sino también por reclamos de la ciudadanía -aspecto que se constata al analizar el incremento de llamadas al 911 para demandar presencia policial por incumplimiento del ASPO, referido por los/as funcionarios/as entrevistados/as-. En este sentido, las fuentes dieron cuenta de la alta demanda de trabajo que generó a las fuerzas de seguridad y las administraciones locales el control de las medidas de aislamiento, principalmente en la primera etapa del ASPO (Queipo et al, 2021b).
La extensión de las tareas policiales en este contexto o la policialización de las tareas de “cuidado” en el marco de la pandemia, involucró la realización de tareas más allá de las tradicionalmente asociadas a la “policía de calle” -si bien se parte del reconocimiento de que la institución policial destina gran parte de su tiempo a tareas no vinculadas con la prevención y conjuración del delito (Sain, 2016)-. Esta policialización de las tareas de “cuidado” se realizó habitualmente en detrimento de las intervenciones propias de actores de otros organismos de carteras sociales del Estado. Este proceso pudo verse favorecido por la cobertura territorial que pueden garantizar las fuerzas de seguridad, frente al reducido despliegue territorial de otras agencias del Estado, muchas de las cuales no fueron definidas como personal esencial en las primeras etapas del ASPO.
Incluso cuando las intervenciones fueron realizadas por parte de otro tipo de actores -como los gobiernos locales-, éstas generalmente también se basaban en enfoques policialistas. En este contexto, las políticas y estrategias de los gobiernos locales se centraron principalmente en el funcionamiento de policías locales o cuerpos preventores locales, y en la implementación de centros de monitoreo. La escasa formación y la ausencia de marcos de regulación de las actuaciones de los referidos cuerpos municipales son cuestiones dignas de análisis. Los recursos locales -aunque no exclusivamente, dado que resulta habitual contar con financiamiento externo- generalmente se dirigen a asignar recursos humanos, cámaras y dispositivos a dichos centros de monitoreo (Queipo et al., 2020).
Pese a que este tipo de políticas y estrategias sean hegemónicas, el trabajo de campo permitió visibilizar otro tipo de intervenciones “contrahegemónicas” en determinados municipios, basadas en estrategias sociales y comunitarias (Sozzo, 2008), y tácticas extra-penales de prevención y abordaje de los delitos y violencias. Dentro de este conjunto de iniciativas se encuentran, por un lado, aquellas que promueven la participación comunitaria o ciudadana, ya sea mediante los conocidos foros vecinales -como en el municipio de Gral. San Martín-, o mediante reuniones de articulación con organizaciones barriales y vecinos -como en el municipio de Avellaneda-.
Por otra parte, entre las iniciativas de prevención social del delito e intervenciones multi e interagenciales, cabe destacar el ‘Programa Comunidad Moreno’ -para el acompañamiento de jóvenes en conflicto con la ley, con fuerte articulación con otras agencias y programas del Estado como el Potenciar Trabajo-; así como programas e iniciativas que permiten trabajar realizando una fuerte articulación con carteras sociales -tales como las áreas o programas de Asistencia a la Víctima del Municipio de Moreno y Malvinas Argentinas, las articulaciones con el Observatorio Social del Municipio de Avellaneda, y con otros organismos y agencias del Estado-. Otros municipios no destacaron iniciativas preventivas y multiagenciales de este tipo desde el ámbito local, sino -como en el caso de José C. Paz- únicamente aquellas que parten de solicitudes u órdenes judiciales en materia de niñez y violencia de género, entre otras (Queipo et al, 2021b).
El trabajo de campo también permitió identificar intervenciones alternativas a las punitivas y policiales en relación a la prevención de los contagios y los controles en el marco del ASPO. Al respecto, cabe destacar el caso de los Cuidadores Comunitarios del municipio de Avellaneda, que constituye un cuerpo civil municipal que procuró evitar la asociación entre cumplimiento del ASPO y la militarización de los barrios, mediante el despliegue de otro tipo de herramientas discursivas basadas en el consenso y la concientización social, antes que en el uso de la fuerza.
En materia de violencias de género, este último municipio también dio cuenta de una experiencia local, el Gabinete Interdisciplinario de Abordaje de Conflictos (GIAC), basada en abordajes interdisciplinarios y en articulaciones entre el Poder Ejecutivo local -más específicamente, la Subsecretaría de Género y Diversidad del municipio- y el Poder Judicial -Fiscalía-.
Finalmente, cabe mencionar las experiencias de despliegue de otras agencias del Estado en conjunto con la institución policial para la realización de tareas de “cuidado” o “prevención” en la pandemia. Tal como se mencionó previamente (Queipo et al., 2020), gran parte de las dependencias locales de seguridad y las patrullas urbanas fueron destinadas a apoyar a las áreas de salud y desarrollo social, tanto en la coordinación y organización de tareas, como en el control y traslado de las personas contagiadas o del personal de salud durante la primera fase de la crisis sanitaria.
La dimensión territorial del aislamiento y el control
Tal como se mencionó anteriormente, uno de los primeros impactos -probablemente el más evidente- de las medidas de aislamiento estuvo vinculado a las condiciones de habitabilidad, no sólo en términos de vivienda adecuada sino también de disponibilidad de espacio público y de acceso a servicios públicos de calidad. Asimismo, muchos hogares se vieron privados de sus ingresos y sin capacidad de acceder o sostener el acceso a la vivienda. Por otro lado, se puso en evidencia la polarización residencial existente en muchos municipios del Conurbano, así como en otras áreas metropolitanas (Di Virgilio, 2021), y su impacto diferencial en la provisión de servicios públicos como la salud y la seguridad. De esta manera, la dimensión territorial de las desigualdades incidió en la conflictividad a nivel local y en las distintas estrategias de abordaje desplegadas por los municipios, tal como destacaron las fuentes entrevistadas.
Desde las áreas locales de seguridad relevadas se manifestó la preocupación por la cuestión habitacional en relación al abordaje y la emergencia de conflictos en el contexto de aislamiento. Una de las cuestiones que más atención suscitó tiene que ver con la ocupación de tierras -el caso más resonante fue el del predio de Guernica en el partido de Presidente Perón-, pero también con el aumento de los conflictos interpersonales y de la victimización en algunos barrios populares, como se observó en el apartado 2. Para el caso de Moreno, por citar un ejemplo, se destacó la incidencia de la cuestión habitacional en los conflictos interpersonales en el contexto de ocupación de tierras:
A grandes rasgos (...) hay como dos grandes temas que destacan, que son: uno es toda la conflictividad vinculada a las tierras. Nosotros dimos una política fuerte con eso (...) para evitar las tomas. Tuvimos un trabajo fuerte en la disuasión (...) Pero bueno, toda la problemática de tierras deriva en problemas de violencia importantes. No sólo lo que son las tomas masivas, sino también en disputas en las que por ejemplo una familia le toma el terreno a otra familia (...) Acá hay homicidios vinculados a eso, hay lesiones vinculadas a problemáticas de la tierra. (Entrevista Moreno, 09/11/2020)
Por otra parte, algunos municipios desplegaron estrategias de aislamiento comunitario en los barrios populares en que los ingresos de los hogares dependían de sostener actividades económicas mayormente informales, y en los que la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento adecuado, así como las situaciones de hacinamiento, impedían sostener las medidas de aislamiento impuestas. En este punto, el caso más paradigmático fue el del barrio Villa Azul, que se extiende entre los municipios de Quilmes y Avellaneda. Sobre esta experiencia, la fuente entrevistada dio cuenta de un abordaje multiagencial para prevenir y gestionar la conflictividad a nivel barrial:
“Tuvimos la experiencia de Azul, que fue el primer barrio que se cerró. Y ahí lo trabajamos principalmente con policía de Avellaneda, más allá de un refuerzo policial que trajo el Ministerio. Lo que hicimos fue instalarnos en un polideportivo del barrio (...) También se instaló la Dirección de Hábitat, y la presidenta del Observatorio Social (...) tres áreas centrales del municipio: Seguridad, Desarrollo (con el Observatorio Social), y Hábitat, nos instalamos en el lugar con la gente, y con la policía, porque también era difícil la convivencia (...) al principio, cuando dijimos cerremos, pongamos las vallas, nadie entra, nadie sale, no podíamos dejar solamente la comunicación a la policía. La comunicación tenía que ser nuestra, entonces pusimos mucho hincapié en la comunicación, que era municipal, no policial ni de ninguna otra agencia del Estado. En ese momento de cierre bajaron los niveles delictivos a cero, también eso repercutió en toda Avellaneda, se evitó muchas conflictividades (...) (Entrevista Avellaneda, 16/10/2020)
Asimismo, el despliegue territorial de apoyo a las políticas de prevención y asistencia implicó tomar decisiones respecto del despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales y federales en territorio local, en muchos casos desempeñando tareas por fuera de su rol en conjunto con personal civil; pero también, para algunas de las gestiones locales bajo análisis, puso de relevancia cuestiones como la accesibilidad de los barrios, la percepción de confianza en la institución policial en los distintos territorios, el diagnóstico de los distintos niveles de gestión respecto de la situación de los barrios, entre otras cuestiones que hacen a la dimensión territorial de la gestión de la pandemia.
La primera discusión fue bastante ardua, fue si poníamos personal civil arriba de los móviles. Tenía que ver con la realidad de General San Martín. San Martín tiene 84, 86 barrios carenciados, algunos muy grandes, con muchísima población con dificultad de ingreso, y en el primer momento, 2011, cuando nosotros asumimos, muchas calles que no estaban asfaltadas. Eso no nos permitía un acceso directo (...) En definitiva, fue pensado como una policía de proximidad. Pero la realidad hace que en determinados momentos terminan actuando casi como una fuerza policial (...) Nosotros nos encontramos una realidad, nos encontramos mucha gente que se había quedado sin trabajo, gente que toda la vida vivió haciendo changas y que no tenían la menor idea de cómo hacer para conseguir algo en la municipalidad, porque nunca fue a pedir. Entonces ahí fuimos abordando, llegando a la casa, primero con un móvil identificado y después ya con un auto particular porque el vecino tenía vergüenza, nunca había pedido. Es decir, todas esas cosas (...) las programamos y después las tuvimos que ir modificando sobre la marcha. (Entrevista San Martín, 17/11/2020)
Por diagnósticos estadísticos de ambos ministerios, ellos habían definido que las fuerzas federales tenían que ir a dos barrios de los más vulnerables nuestros: Azul y Villa Tranquila. A nosotros no nos parecía, primero porque no es un lugar donde haya hechos delictivos, pueden ser barrios donde vivan algunos de los que cometen delitos, pero no es que ahí roban. Entonces dimos esa discusión, que no nos parecía que la prevención del delito tenía que ser militarizando los barrios populares en nuestro caso.(...) y bueno, dimos la discusión y logramos que Prefectura esté donde nosotros creemos que tiene que estar. (Entrevista Avellaneda, 16/10/2020)
Las fuentes entrevistadas percibieron a la vez que el aislamiento tuvo impacto en el desplazamiento de las violencias al interior de los barrios, en línea con la preocupación por el aumento de las “violencias altamente lesivas” problematizado por Rodriguez Alzueta (2021), que afecta desproporcionadamente a varones jóvenes.
(...) por la realidad de San Martín estaban confinados algunos territorios. Lo que sí vimos y advertimos en su momento es que se estaban armando ciertos niveles de violencia en los asentamientos, en el delito (...) Toda esa violencia estuvo contenida en los barrios mientras estuvieron totalmente aislados. Una vez que se fue abriendo esto, esa violencia se traslada y se encuentra con otra violencia, que es la violencia de aquél que estuvo aislado, de aquél que perdió el trabajo, de aquél al que se le fue complicando la vida en estos meses (...) Y eso provoca y desata más violencia, y lo vemos en televisión todos los días (...) entonces nos enfrentamos a una situación más compleja y a la cual yo le tengo bastante temor. Por eso insisto en que hay que garantizar la circulación, hay que garantizar, con la circulación me refiero de la policía, y la prevención, porque una vez que se produjo el hecho (...) diría que en los últimos tiempos no es lo normal, lo normal es que la víctima intente reaccionar y que tengamos un problema. (Entrevista San Martín, 17/11/2020)
Hay otras formas de violencias que también se vieron agravadas ostensiblemente principalmente en la etapa de mayor confinamiento: las violencias perpetradas por el propio Estado, a través de las fuerzas de seguridad. Nuevamente, este tipo de violencias tuvieron manifestaciones muy diferentes de acuerdo al territorio, expresando las desigualdades preexistentes. Es así que, mientras en barrios residenciales de clases medias-altas el confinamiento podía tener lugar en ámbitos privados, en asentamientos y barrios precarios las condiciones de habitabilidad dificultaban el cumplimiento del aislamiento y, al delegar mayormente el control del ASPO a la institución policial -tal como se mostró en el capítulo 3-, tuvieron lugar graves hechos de violencia institucional.
Finalmente, problematizar la dimensión territorial del despliegue de medidas de prevención y contención del Covid-19, pero también de las principales violencias que se vieron agravadas por el contexto, demanda hacer mención al rol de actores fundamentales: las organizaciones comunitarias. La participación de las organizaciones sociales se vio tanto en su incorporación a las mesas locales intersectoriales creadas ad hoc en muchos municipios para la atención de demandas o la canalización de recursos de asistencia, en la presencia como recurso a nivel territorial, recabando y facilitando información sobre situaciones particulares, denunciando hechos de violencia institucional o reclamando seguridad por hechos de victimización, acompañando y realizando seguimientos sobre situaciones de violencia de género y de vulnerabilidad socioeconómica, entre otras. No obstante, se corroboró la percepción de que en muchos casos los ámbitos estatales no consideran o no siempre reconocen el aporte que pueden brindar las organizaciones en el abordaje concreto, es decir, generando instancias o espacios de participación en los dispositivos de trabajo en la temática y el acceso a recursos y financiamiento (Queipo et. al, 2021b).
Reflexiones finales
A lo largo de este trabajo se analizaron los principales impactos de las medidas de aislamiento y restricción a la circulación en la seguridad ciudadana a nivel territorial, a la luz del rol central que los gobiernos locales asumieron a los fines de implementar las medidas de prevención del Covid-19, así como en la atención a la demandas de asistencia directa, y de articulación de medidas entre distintos niveles de gobierno. Así, encontramos que el Área Metropolitana de Buenos Aires los niveles de acatamiento de las medidas de aislamiento se vieron condicionados por las condiciones de vida de la población en un contexto en que las condiciones de habitabilidad -tanto la unidad vivienda, como la escala barrial y hasta municipal- cobraron especial relevancia.
En este contexto, las fuerzas de seguridad fueron desplegadas desde una lógica propia del modelo policialista (particularmente en pos de imponer el acatamiento de las restricciones durante la vigencia del ASPO), pero también como auxiliares de las carteras abocadas al control sanitario y a la contención del empeoramiento de la situación social. El contexto de emergencia sanitaria puso en evidencia así las carencias de formación y aptitudes de las fuerzas para el abordaje de ciertas cuestiones particularmente relevantes en este marco -la proximidad comunitaria, las violencias estructurales, entre otras-.
Por otra parte, en los municipios relevados, se advierte una creciente preocupación por el aumento de las violencias en un contexto de deterioro de las condiciones de vida, percibida no sólo por funcionarios/as sino también por las organizaciones sociales que trabajan a nivel territorial. Esto incluye no sólo aquellas violencias de carácter estructural como las violencias por razones de género y la violencia institucional, sino también la conflictividad interpersonal (las “violencias altamente lesivas”), y la violencia asociada al delito.todo lo expuesto, surge la necesidad de diseñar e implementar políticas integrales de prevención y abordaje de las violencias, que incorporen la dimensión comunitaria y constituyan respuestas eficaces a los desafíos que se presentan a escala territorial y local.
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